IU, PSOE y UPCarmona han solicitado al Alcalde de Carmona, ante su pasividad, informes de la Secretaría General e Intervención sobre las consecuencias en el municipio de dicha ley.
Los grupos de la oposición recuerdan que con la puesta en marcha de la Ley 27/2013, de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, muchos servicios públicos del Ayuntamiento de Carmona de gran incidencia para los ciudadanos pueden verse afectados. Entre ellos, podrían estar las empresas públicas (Sodecar y Limancar), el centro de la Mujer, la Residencia de ancianos de San Pedro, los Servicios Sociales, Salud y Consumo, Guardería municipal, Centro Ocupacional, etc.
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